Lugo fue echado por el Congreso paraguayo
Sólo cuatro senadores apoyaron al presidente, que no ejerció su defensa ni presenció la votación. Lugo, que recibió el apoyo de los presidentes de la región, aceptó la decisión del Congreso y pidió a sus seguidores que se manifiesten pacíficamente.
Federico Franco jura como presidente de Paraguay sólo una hora después de la destitución de Lugo.
De forma sumarísima y con una manifestación campesina que respaldaba al gobierno alrededor del Congreso, el Parlamento destituyó al presidente Fernando Lugo. El mandatario aceptó la decisión y le agradeció al pueblo paraguayo por los cuatro años en que lo colocó en la presidencia. Tan rápida como la destitución fue la asunción del vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Federico Franco.
Con cuatro senadores a favor y 39 votos en contra, el mandatario fue destituido en un juicio político iniciado el jueves en la Cámara de Diputados y finalizado en un Senado constituido como tribunal. Tras la decisión de los parlamentarios, Lugo –que permaneció en Palacio y envió a su equipo jurídico a exponer su defensa en el Senado– dijo que se sometía a la decisión de la Cámara alta.
“Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, salgo por la puerta del corazón de mis compatriotas”, aseguró en medio de los aplausos de sus colaboradores presentes en el Palacio el presidente, que saltó a los primeros planos de la política a fines de 2007, a partir de su rol de obispo en una de las zonas más pobres del país. “Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe, sino que es la historia paraguaya, su democracia es la que ha sido herida profundamente”, observó el ex mandatario, que llegó al poder al frente de una alianza de partidos de izquierda, organizaciones sociales, gremiales y campesinas y que tuvo el apoyo del centrista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), hasta que sus ex socios liberales impulsaron su juicio político.
Después de la votación, Lugo denunció que se han transgredido todos los principios de la defensa de manera cobarde y alevosa. “Espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos”, afirmó y llamó a sus partidarios a manifestarse de manera pacífica. “Que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país”, demandó. “Fernando Lugo no responde a clases políticas, no responde a la mafia ni al narcotráfico”, dijo en alusión aparente a las denuncias en ese sentido contra Horacio Cartes, precandidato presidencial del Partido Colorado, al que el ex obispo católico responsabiliza del enjuiciamiento en su contra. “Este ciudadano (Lugo) respondió y seguirá respondiendo ayer, ahora y siempre al llamado de los compatriotas más humildes y excluidos y de los que, gozando del buen vivir e incluso de la abundancia, saben que tenemos un deber de solidaridad”, abundó, agradeciendo a todos los que lo apoyaron y deseó tres veces mucha fuerza a todos los compatriotas de buen corazón.
Su discurso intentó impartir tranquilidad en los miles de seguidores y simpatizantes que fueron desconcentrados tras conocerse la decisión del Parlamento. Durante toda la jornada, se manifestaron en la Plaza de Armas, frente al Congreso de Paraguay, para expresar su respaldo al mandatario y su rechazo al proceso de juicio político en su contra. Llegados desde varias ciudades del interior, representantes de organizaciones gremiales, sociales, de campesinos y de indígenas siguieron con expectativa lo que ocurría en el Senado y chocaron con las fuerzas de seguridad luego de conocerse la decisión parlamentaria. En diálogo con Página/12, el presidente de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná (Asagrapa), Tomás Zayas Roa, que se encontraba en el lugar, denunció represión de los Cascos Azules y señaló que lo sucedido es “un retroceso político”. “Es un golpe de los sectores reaccionarios, conservadores. Vamos a tener distintos tipos de problemas a partir de ahora”, anticipó. El dirigente detalló que los referentes de otras organizaciones sociales se reunirán para determinar las acciones a concretarse tras el cambio de mandatarios. “En primer lugar, no vamos a reconocer la autoridad del nuevo presidente. Es un usurpador”, sentenció.
Un rato después de la despedida de Lugo de la presidencia, su vicepresidente, Federico Franco, asumió como jefe de Estado. El liberal puso el acento en su intención de entregar el mando el 15 de agosto de 2013, cuando concluye el actual mandato, y subrayó su deseo de ocuparlo hasta entonces buscando la colaboración de todos los partidos y movimientos sociales del país. “Se realiza dentro del orden constitucional”, dijo sobre la transición, y aclaró que “de ninguna manera pone en riesgo la vigencia y principios democráticos universales”. En su primer discurso, Franco repitió dos veces ese mismo mensaje, que aseguró haber trasladado textualmente a la misión de cancilleres de la Unasur, a la que recibió ayer en Asunción, antes de que el juicio político en el Senado resultara en la destitución de Fernando Lugo como presidente, por mal desempeño de sus funciones en el desalojo violento que se desarrolló el viernes pasado en un predio de unas dos mil hectáreas, reclamadas como propias por el ex senador colorado Blas Riquelme, que dejó seis policías y once campesinos muertos.
A pesar del discurso del designado presidente, la respuesta internacional fue contundente. Los cancilleres de la Unasur consideraron que la destitución de Lugo fue un acto bochornoso, con el que se violó el debido derecho a defensa del mandatario. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, quien junto a varios de sus pares de la Unasur realizaba gestiones en Asunción por la difícil situación institucional en el país, anunció que los ministros informarán a los jefes de Estado los detalles sobre el juicio político. “De manera apresurada, se ha violado todo debido derecho a defensa. Sin pruebas se ha consumado un acto realmente vergonzoso”, describió Maduro. Por su parte, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sugirió expulsar a Paraguay del Mercosur y de la Unasur, luego de conocerse el veredicto del Senado. “Hay pena anticipada para aquellos que no cumplen con los principios que caracterizan a una democracia”, dijo Dilma e indicó que el Paraguay está experimentando una situación complicada. Rousseff recordó que para un país que viola la cláusula de la democracia, la sanción es la no participación de los organismos multilaterales, es decir, la expulsión del Mercosur y Unasur. Mientras tanto, Venezuela, Nicaragua y Bolivia tildaron al proceso como un golpe de Estado encubierto.
Lo sucedido también disgustó a algunos sectores políticos del Paraguay. “Me siento frustrada teniendo cerca parlamentarios que han frustrado el proceso democrático”, aseveró, en diálogo con este medio, Aída Robles, diputada izquierdista, que fue la única integrante de la Cámara baja que votó el jueves en contra del juicio político. La legisladora rotuló lo sucedido como “una maniobra vergonzosa de los partidos tradicionales”. “Se unieron para el retroceso del país”, insistió, adelantando que el pueblo no va a reconocer a un presidente que gobierne con maniobras. “Esto es un golpe. Ha quebrado la institucionalidad. Es una verguenza”, agregó.
La destitución de Lugo se enmarca dentro de la historia del Paraguay, en la que otros mandatarios se enfrentaron a este proceso constitucional, pero con otra suerte. El ex religioso se convirtió en el primero formalmente destituido.
Informe: Romina Lascano.
Comentarios