En medio de la incertidumbre que plantea la crisis internacional, Argentina busca instrumentar mecanismos de defensa desde una estructura estatal que comenzó a recuperarse hace una década, después de un cuarto de siglo de desmantelamiento neoliberal. Según varios economistas, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en tres campos de acción: el comercio exterior, el mercado cambiario y la liquidación de remesas. Siempre atendiendo a las posibilidades para solventar su modelo económico y con ello, a la limitación de ciertas conductas muy arraigadas en los distintos actores económicos.
El gobierno de Cristina Fernández ha implementado medidas - fundamentalmente en los últimos tiempos- orientadas a garantizar la disponibilidad de dólares para el gobierno: el control administrativo de las importaciones y un simultáneo estímulo, por la misma vía, de las ventas externas; una negociación con las diferentes corporaciones multinacionales, tendiente a la máxima liquidación de sus beneficios dentro del país; y un estricto control del mercado cambiario.
La fuga de divisas en Argentina, acelerada tras la elección presidencial de octubre de 2011, registra antecedentes en otros momentos de nuestra historia. Momentos en los que los activos que los argentinos tenían en el exterior, habrían crecido a niveles extraordinarios. Este dato se complementa con otros registros e informes económicos, que indican que la dolarización de activos y fuga de capitales tiene sus inicios hacia la década de 1950, adopta un carácter recurrente en la década de 1970, y tiene una nueva proyección y consolidación en los 90. Cierta vulnerabilidad en las normas de control fiscal y una cultura que hace del dólar un resguardado de valores, han convertido a este fenómeno en clásico de los momentos de crisis.
Como se menciono antes, se instrumentaron medidas administrativas también sobre el comercio exterior y se realizaron acuerdos con grandes empresas para disminuir sus giros de utilidades. Sin embargo, hay aspectos de estas actividades en los que las normas presentan ciertas deficiencias en su instrumentación fiscal. Según distintos informes económicos, las grandes corporaciones y las personas de mayor fortuna, aun con ciertas dificultades, pueden eludir los controles, ya que utilizan múltiples mecanismos de fuga que les evitan operar dentro del mercado oficial. Entre otros, destacan el manejo y la fijación, en mayor medida que otros agentes, de los precios de transferencia; las transacciones de comercio a través de paraísos fiscales; además de la sobre y subfacturación de las operaciones económicas.
En este sentido, es que la política oficial para controlar la salida de dólares se enfrenta con dos concepciones, muy arraigadas en nuestro país. Una de ellas, ya considerada, nuestra conocida tendencia a ahorrar en dólares como reserva de valor, buscando una supuesta “seguridad” que no se corresponde con el panorama económico mundial –aunque sí con la historia económica ante crisis del sector externo–. La otra es la percepción positiva que suele tener “el común” de la gente para con la evasión impositiva y la fuga de divisas, como si se tratara de una pelea al estilo “vale todo” entre el infractor y el Estado. En ambas cuestiones, las autoridades económicas se ven obligadas a actuar con urgencia, sin contemplar demasiado la razón para ciertas resistencias de la población.
Además de las medidas mencionadas antes, en los últimos días fue anunciada una nueva: el pago adicional en concepto de anticipo del 15 por ciento sobre las compras a realizar en el exterior, ya sean con tarjetas o mediante Internet.
Abundaron los comentarios acerca de como iba a restringir esta medida el derecho de los ciudadanos a viajar al exterior y llevo, a distintos opositores, a criticar la medida, tildándola de impuesto enmascarado. En cambio, se escucharon muy pocas consideraciones respecto de las posibilidades de la medida para cumplir con el objetivo de impedir la fuga de divisas, particularmente de evasores y agentes económicos grandes que, en general, operan en negro. Este es otro de los grandes flagelos de nuestra economía, y constituye un problema social de importancia, ya que afecta tanto a las condiciones de empleo como al poder adquisitivo del salario, principalmente.
En cambio –y esto es parte del problema cultural– no se señala que el nivel de evasión consolidada en los distintos niveles de gobierno del Estado alcanza valores cercanos al 40 por ciento. Y que en lo que al Impuesto a las Ganancias respecta -entre personas y empresas-, la evasión llega al 50 por ciento. Con esta referencia, una simple verificación de los gastos en el exterior de los residentes argentinos podría considerarse más justificada. O al menos, merecería ser debatida, a partir de estos datos, en vez de ser ignorada y rechazada de plano.
Ambas concepciones reflejan otra disputa de fondo, la de un modelo económico que, a su vez, es instrumento central de un proyecto político que lucha por imponerse. Un proyecto que precisa de un cierto valor del dólar, junto con su disponibilidad y uso en manos de quienes ejecutan esa política. Y no de presiones de sectores dominantes que han tenido siempre en el manejo de los instrumentos vinculados al sector externo (valor del dólar, nivel de deuda externa, inversiones extranjeras) su mejor arma para defender y sostener sus intereses políticos y económicos. Esto supone que el gobierno necesita de herramientas eficaces y concretas de intervención del Estado. Con demoras, a veces con ciertos tropiezos, se van aplicando. Y –fundamentalmente- libran una batalla cultural y una pelea en busca de legitimidad frente a la acción de actores, de distintos ámbitos de nuestra sociedad, que no siempre han sido claros en sus intenciones.
Fuentes Bibliográficas:
http://www.fotosdigitalesgratis.com/galeriafotos/7604/economia_y_finanzas_argentina_en_dolares_americanos
http://www.reynaldosietecase.com.ar/2011/11/03/las-brujas-no-existen-pero/
Clarín : http://www.clarin.com/
Página 12: http://www.pagina12.com.ar/
La Voz : http://www.lavoz.com.ar/
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