Los casos de
Gatillo Fácil se multiplicaron en los últimos meses en la ciudad de Córdoba.
Las organizaciones sociales denuncian siete y la justicia investiga seis, sólo
de este último año. El reciente caso del Gueré, asesinado por la Policía en el
barrio Los Cortaderos, agotó con la paciencia de los vecinos de muchos barrios
que denuncian este tipo de prácticas policiales como conductas habituales. El
Jefe de Policía Julio César Suárez defiende el accionar de la Fuerza.
Por Waldo Cebrero y Dante Leguizamón (Periodistas)
“A
mí me gusta ver novelas. En una brasilera que se llamaba El Pantanal había
un niñito que era terrible de travieso. Igual que el Fernando, el chico mío que
no se quedaba quieto ni un segundo. El nene de la novela se llamaba Gueré. Y un
día que el Fernando andaba incordiando, le dije: “¡quedáte
quieto, Gueré!”. Y todos nos reímos. Así le empezamos a decir Gueré”. Se ríe
Ana María en el cuarto vacío de Gueré, una piecita con techo de chapa y paredes
celestes adornadas con un solo póster: de Winnie Pooh.
La
mujer comenzó a vaciar la habitación después del 26 de julio cuando su hijo, de
18 años, fue asesinado por la Policía en barrioLos Cortaderos. Gueré era un pibe
flaco y morocho, de cara redonda y orejas saltando. Con su sueldo de ladrillero
–200 pesos por 8 a 10 horas de trabajo por día– se había comprado una Honda
Titán roja en la que viajaba junto a su primo, Maxi Peralta, la noche
en que murió. Volvían de comprar gaseosa para al fernet y pensaban celebrar el
triunfo de Talleres sobre Newells por la Copa Argentina. En el camino les pasó
lo peor. Se cruzaron con la Policía. Al agente Lucas Chaves y al sargento Rubén
Leiva no les gustan los chicos en moto, no les gustan los chicos del barrio y
no les gustan los chicos de noche. Por eso siguieron la moto del Gueré y dispararon.
Aparte
de trabajar en el cortadero de ladrillos de su familia, Gueré participaba de un proyecto
de extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese día, había escrito su currículum
para cambiar de trabajo. Decía que cortar ladrillos era muy sacrificado. Gueré
no llevaba armas ni tenía antecedentes penales. Los que sí tenían delitos en su
prontuario eran Chaves y Leiva. La dupla tenía a mal traer al barrio desde hace
años, pero además cada uno de ellos cargaba con una causa por homicidio. Chaves
mató dos años antes, en barrio Argüello, a un hombre en un extraño tiroteo. La
demorada causa judicial en su contra le habría permitido disparar de nuevo la
noche del 26 de julio, otra vez con su arma reglamentaria. El antecedente de
Leiva no era lejano para Gueré, tampoco para Maxi, menos para otros vecinos de
Los Cortaderos. En agosto del año pasado Matías Panetta llegó al barrio huyendo
de la Policía. Según acusa el jefe de Policía Julio César Suárez acababa de
asaltar una sucursal de minicuotas Ribeiro, en Villa Libertador. Los vecinos de
Gueré dicen que la fuga se interrumpió cuando chocó contra un pilar de Epec y
se bajó corriendo. Herido quedó tirado en la vereda y dicen que del auto
policial se bajó Chavez y le disparó. El testimonio que dieron los presentes en
la televisión asegura que Leiva se bajó y lo mató a la vista de todos y en
pleno día. Después, el policía habría buscado un arma de su auto y él mismo le
habría disparado a su móvil con la pistola para después dejársela al lado de la
mano y fraguar un tiroteo falso. En el caso Gueré, hay testigos que indican que
Chavez y Leiva habrían estado buscando un arma para plantarle a sus víctimas. Cuando
en la televisión le preguntaron sobre la muerte de Gueré y el gatillo fácil, el
jefe de Policía, aseguró: “Es importante establecer claramente que entre el
accionar legítimo de un policía en el marco de la ley y el exceso, que sería lo
que normalmente la gente llama gatillo fácil, hay una línea muy delgada”.
Delgada línea
La
línea entre el “accionar legítimo” y el “exceso” la cruzaron varios policías en
este año.
El agente Pablo Álvarez, el 24 de marzo de este año, explicó que su pistola
reglamentaria –una
Taurs modelo PT 809 E– es un arma muy “celosa” y con ese argumento justificó que
al tener un gatillo sensible los disparos salen muy seguidos. Por ello no pudo
precisar cuál de los cuatro tiros que efectuó, mató a Ezequiel Barraza de 20
años. “Tiré al bulto”, le explicó al fiscal que lo imputó por “exceso en legítima
defensa”. El “bulto” era hijo de Silvia Fernández, una de las madres que el 8
de mayo de este año marchó por las calles de Córdoba exigiendo el final de los
abusos policiales. “Si mi hijo estuviera preso, yo tendría donde ir a visitarlo”,
dice, “pero no, este hombre lo condenó a muerte”. Aquella noche Ezequiel vestía
una campera oscura, pantalón azul de jeans, zapatillas rojas. Según la
declaración del agente, la persona muerta pretendía asaltarlo y le gatilló sin
que le saliera la bala. Pero el arma que secuestraron en la escena no tenía ni cargador,
ni balas. Álvarez dice que se identificó, dio la voz de alto y luego disparó.
La autopsia demostró que el proyectil que perforó el glúteo izquierdo del joven
fue el que le provocó una hemorragia que derivó en su muerte. Ese plomo ingresó
al cuerpo desde abajo hacia arriba disparado a un metro de distancia. Por eso
Silvia Fernández, sospecha que su hijo estaba ya en el piso al recibir ese
tiro.
El
8 de mayo fue la primera vez que en Córdoba se marchó con la consigna de “basta
de Gatillo fácil”. Entonces, las familias de las víctimas contabilizaban cinco
casos en el año. Ahora los números son inciertos. Las organizaciones sociales,
cuentan siete. En los tribunales se investigan seis casos. En los archivos
periodísticos, hay al menos ocho crónicas en las que “presuntos delincuentes” mueren
abatidos. El relato es siempre igual. Tirar primero y preguntar después. Las víctimas
son, por lo general, jóvenes de sectores marginalizados. Haciendo un repaso de
los casos, más que garantes de la seguridad, los policías cordobeses se han
convertido en iconos de la limpieza social. Según el registro del Cels, “en los
últimos 10 años murieron 1.150 personas en hechos de violencia institucional
con participación de integrantes de fuerzas de seguridad”, y en el 44% de los
casos, actuaron efectivos que estaban fuera de servicio, lo que los hace reaccionar
sin poder medir las consecuencias para sí mismos o los demás.
Este
año en Córdoba se mantiene esa proporción: cuatro jóvenes fueron asesinados por
miembros de las fuerzas de seguridad que estaban de franco. Dos de ellos eran
miembros de la misma familia, aunque cayeron baleados en episodios diferentes:
Lautaro Torres, de 16 años, y su tío Miguel Torres, de 33. Lautaro –habitué en
los correccionales de la provincia– fue acribillado en la calle por una mujer
policía. Las fechorías del chico se terminaron el 14 de abril cuando la agente Eliana
Soledad Rinaudo lo asesinó de varios tiros
por la espalda, porque quiso robarle el celular. Su tío murió el viernes 18 de
julio, en barrio San Roque. Según la causa, “bajos los efectos del consumo de
estupefacientes”, Miguel intentó robar en un negocio de donde lo sacaron a
golpes de puño y empujones. Frustrado, cruzó en diagonal hacia una librería y
amenazó a un cliente con un objeto filoso. La librería era del suboficial
Martín Monte de Oca, que resolvió el asunto a balazos.
Manuel
Rufo, coordinador del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional
del Cels dice que “no hay un criterio de proporcionalidad cuando actúan policías
de franco”. “¿Cómo se puede pasar, sin escalas, de la voz de alto a disparar
contra un chico?”, se pregunta. “Hay cursos de acción en el medio que se
deberían haber tomado. Evadirlos, es una práctica común en las fuerzas
policiales”. Las muertes por armas estatales no son exclusivas de la gestión de
Julio César Suárez. Siempre existieron. Lo novedoso es que el propio jefe
respalde públicamente a los uniformados que asesinan. “Todo delincuente, toda
persona que está acostumbrada a delinquir y que sale con un arma de fuego,
tiene que saber que puede morir”, dijo Suárez y ese ha sido su estilo. Parafraseando
a Rodolfo Walsh, en su serie “La secta del gatillo alegre”, si la Policía trata
a motociclistas como si fueran ladrones, es posible que trate a los ladrones
como si fueran condenados a muerte.
Mientras
tanto, las armas celosas siguen en manos del ejército de 24 mil efectivos que
convierten a Córdoba en una de las provincias con más policías de
Latinoamérica. Deodoro habló con un joven agente sobre sus preferencias
al elegir su arma reglamentaria, para evitar esos “gajes del oficio”. La idea
era saber qué pensaba de la Taurs, el arma que usó el agente Pablo Álvarez para
matar a Ezequiel Barraza. El chico contestó: “Prefiero la Bersa. Es más pesada
y te da seguridad”.
–¿Y la Taurs por qué no?
–¿Y la Taurs por qué no?
–No.
La Taurs es muy celosa.
–¿Qué
quiere decir celosa?
–Y...
que tiene el gatillo fácil. O
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